El estado de alarma y el ritual de la “datocracía”
Parte 1 del reportaje, continua desde la introducción: Coronavirus: los gobiernos publican los numeros… pero las cuentas no encajan.
Desde el 14 de marzo, día de entrada en vigor del estado de alerta para el Coronavirus, estamos siguiendo las ruedas de prensa y los discursos de los representantes del gobierno español desde Jerez de La Frontera, en Andalucía, transmitidos en directo por la Radio Televisión Española (RTVE) y también por redes privadas.
Técnicos de salud pública, ministros y los altos cargos de las fuerzas del orden y del ejército aparecen todos los días alineados 2, 3 o 4 a la vez, cada uno frente a su atril con micrófono, en una especie de escenario – altar desde el cual revelan cuántos son las nuevas personas infectadas, curadas y fallecidas por Covid-19 en España sobre la base de los datos actualizados la noche anterior que dicen recibir de las Comunidades Autónomas (las Regiones), además de presentarnos medidas de implementación de cuarentena, económicas y sociales. Durante un mes y medio, no solo el gobierno, sino también los medios de comunicación y una multitud de “expertos” han especulado sobre números y curvas que representarían gráficamente la evolución de la pandemia y su tratamiento, mientras esperando el ritual diario del gobierno, que a veces se repite con diferentes actores varias veces al día, estamos privados de la libertad de movimiento porque nos dicen que solo la «distancia social» detendrá la infección.
En España, el confinamiento ha sido extendido de vez en vez por 15 días más. El primer ministro anunció las propuestas de extensión en sus discursos públicos habituales el sábado, obteniendo la aprobación del Congreso el miércoles siguiente. Pedro Sánchez dijo el sábado 2 de mayo que el miércoles 6 pediría al Parlamento una nueva extensión del estado de alarma hasta el 24 de mayo «porque no hay un plan B», y a pesar de haber anunciado el 28 de abril un plan de «”desescalada” en etapas», cuya fase cero ha comenzado el 4 de mayo y la última debería terminar dentro de junio, pero no hay certezas, porque las fechas probables corresponden a los resultados esperados según los criterios del gobierno. Lo que es seguro, de hecho, es que los datos diarios habituales sobre contagios, muertos y tratados, y los nuevos “marcadores” impuestos por el ejecutivo a las Comunidades Autónomas para cambiar de fase, condicionarán las limitaciones a las libertades fundamentales, pudiendo suavizarlas o fortalecerlas, durante mucho tiempo, o sea durante y después un «camino hacia una “nueva normalidad”», según las palabras inquietantes de Sánchez, una realidad desconocida que el gobierno quiere decidir por nosotros. El Presidente del Gobierno el 31 de mayo ha comunicado a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas que el Gobierno solicitará al Congreso de los Diputados «una última y definitiva prórroga de quince días del estado de alarma», hasta el 21 de junio, que tendra como novedad sustancial que «la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada a las propias comunidades autónomas que estén en la Fase 3». Pero en manos del Gobierno quedará la regulación de la movilidad, y en caso que los datos peoren, podra otra vez limitar las libertades de las personas.
¿Cuánto tiempo durarán entonces las restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, garantizados constitucionalmente y por convenciones internacionales, y sobre todo con qué objetivo desde el punto de vista de la salud?
De hecho, no sabemos cuál es la relación directa entre las medidas gubernamentales y la salud pública, en términos de disminución de contagios reales, presentes y futuras, y de tratamiento de los enfermos. El ejecutivo siempre ha esperado un «descenso de la curva», dicho con las palabras del epidemiólogo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, pero como mostraremos en este análisis y, como él mismo comenta, la “curva” representa solo la muestra de los casos “registrados”.
El quid de la cuestión es que para gestionar cualquier epidemia y limitar su propagación, los pasos a seguir son el diagnóstico de casos reales y el tratamiento de personas contagiadas, aislando a los infectados pero no necesariamente a toda la población.
Desde que la Organización Mundial de la Salud declaro el 27 de enero que habría un «alto riesgo global» de una emergencia sanitaria internacional, el gobierno español, como muchos otros, no ha controlado a las personas que llegan de estados donde se conocía que ya había infectados, ni los brotes dentro del país, aunque él estaba atento, por ejemplo, a la evolución del Coronavirus en Italia y podría haber predicho que si no hubiera intervenido a tiempo, la difusión de la epidemia habría sido similar a la Italiana, como ha sido en realidad.
En cambio, el gobierno español prefirió esperar, para ser precisos hasta el sábado 14 de marzo, para confinar a toda la población, probablemente de la manera más drástica de todos los gobiernos, cuando ya había 5753 casos de Coronavirus reportados según el Ministerio de Salud, de los cuales 2940 solo en Madrid, y 136 muertos. Además, al anunciar el confinamiento el viernes 13, alimentando hasta el día siguiente el éxodo ya en curso de una parte de la población desde las áreas más afectadas hacia segundas residencias u otros alojamientos en otras partes del país y, por lo tanto, aumentando el riesgo de contagio.
El gobierno español justificó el confinamiento total al afirmar que este virus es desconocido, aunque pertenece a una familia conocida, y que llevaría tiempo localizar a los infectados, comprender mejor cómo curarnos y producir una vacuna. Pero hasta la fecha, el ejecutivo aún no ha preparado un plan de acción masivo para identificar a todas las personas infectadas, o la mayor cantidad posible, incluso asintomáticas, y para tratar a todas las personas enfermas, que recurrieron espontáneamente al sistema de salud. Solo a partir de mediados de abril, el gobierno anunció el aumento de las pruebas de diagnóstico, pero en gran medida insuficientes para basar la «desescalada» en sus números, como en cambio ha declarado el presidente, de lo contrario, llevaría años a este ritmo llevarla a la práctica. (Ver artículo: 6 años y medio de confinamiento en España, según el presidente del gobierno Sánchez). La cura quedó en manos de la intervención extraordinaria del personal sanitario de los hospitales y centros de salud, y desafortunadamente muchas personas tuvieron que llorar en silencio o, peor aún, a distancia, la muerte de algunos miembros de la familia sin siquiera poder participar en su funeral.
Las “cuentas que no encajan” son precisamente los datos que el gobierno anuncia en el ritual diario de adoctrinamiento de las personas, su uso como argumento único e irrefutable en apoyo de sus medidas, y el número insuficiente de pruebas de diagnóstico u otros tipos de diagnósticos territoriales realizados hasta el momento. En España se ha esperado que las personas acudieran a buscar ayuda en los hospitales en una etapa ya avanzada de la enfermedad, poniendo en riesgo su salud y las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, pero no se ha acudido a las personas infectadas de forma preventiva a través de la articulación territorial del sistema sanitario del país, que no obstante es probablemente entre los mejores del mundo. De hecho, el mensaje que se repiten hasta las náuseas en la gran campaña de comunicación del gobierno es “#quedateencasa”, más que la invitación a llamar a su centro de salud a tiempo en caso de síntomas sospechosos o hacer un diagnóstico preventivo, dado que los médicos recibieron instrucciones de recibir a sus pacientes o visitarlos solo en casos de extrema urgencia, y sin proporcionar ni a unos ni a otros los medios de protección adecuados.
El gobierno y su comité técnico de expertos se han pasado continuamente la pelota sobre las responsabilidades de las decisiones, tomadas sobre la base de datos que representan, por su propia admisión, solo una parte de los infectados, curados y muertos, aquellos que se han manifestado y que el gobierno ha registrado o no de acuerdo con los criterios dados a las Comunidades Autónomas, que han cambiado varias veces, y de acuerdo a cómo los han aplicado en las encuestas y en el envío de los números, generando repetidamente críticas mutuas entre el ejecutivo y algunas regiones, desfases y recálculos.
Mientras anestesiaba a los residentes de España invitándolos a quedarse bien en casa para esperar a que el virus pase, con lemas diarios como “#estevirusloparamosunidos”, el ejecutivo español en sus anuncios diarios no ha proporcionado suficientes actualizaciones con respecto al progreso de la modalidad de tratamiento en curso y no ha tranquilizado a las personas con argumentos sólidos relacionados con la salud. Hasta ahora el gobierno ha considerado a sus ciudadanos como un pueblo de domesticar y como una base de datos para extraer una muestra estadística parcial y desarrollar una curva de tendencia, cuando solo los médicos y enfermeros que trabajan en hospitales, centros de salud o que han seguido en su hogar a pacientes y sus familiares, los han tratado como personas protagonistas de la prevención y del tratamiento y capaces de autorresponsabilizarse.
El comportamiento contradictorio del gobierno español se ha destacado precisamente en las intervenciones públicas de sus representantes y en los datos proporcionados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y de manera llamativa, especialmente después del primer mes desde que comenzó el estado de alarma el 14 de marzo: repasemos en detalle estos anuncios.
Continúa en la parte 2: Si la “datocracia” nos analiza, la analizamos. Apóyanos con un donativo y pide de leerla.
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